lugar de negar estos para luego reaccionar represivamente frente a las manifestaciones pacíficas de descontento. Para nadie es un secreto que el actual sistema político venezolano muestra un acentuado sesgo a la discriminación de todo individuo o grupo que no comparta su visión del país, proteste contra la corrupción, critique sus políticas públicas, exija transparencia en las finanzas públicas, rechace su irresponsable política exterior o resista los intentos por ideologizar todos los ámbitos de la vida social.
A pesar del cierre de medios de comunicación y del peligro latente de autocensura, en el país todavía existe libertad de expresión, no porque el gobierno lo permite, sino porque los ciudadanos no se dejan callar. La manifestación que acompaña a esta comunicación es prueba de ello. Nuestra acción, por tanto, es un intento por frenar la avanzada autoritaria que hoy amenaza a la democracia venezolana.
Le recordamos a la ciudadana Fiscal General, que la manifestación y la protesta, no constituyen delito en nuestro ordenamiento jurídico. Muy por el contrario, constituyen un derecho de tradición constitucional, que se encontraba previsto en el artículo 115 de la Constitución de 1961 y que hoy es desarrollado por el artículo 68 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Igualmente, el derecho a manifestar está establecido en el artículo 15 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el artículo 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Así que cuando se conculca y criminaliza este derecho, Venezuela se convierte en un Estado forajido en materia de derechos fundamentales.
Por otra parte, con sus declaraciones, más allá de transformar en delito la protesta, soslaya el carácter autónomo del Ministerio Público como ente integrante del Poder Ciudadano y actúa como
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