que si éste formara parte o dependiera del Ejecutivo Nacional. Con esto se viola el principio de la separación de los Poderes, que debe existir en todo Estado democrático y se transgrede igualmente lo establecido en el artículo 273 de la Constitución. Le recordamos que la vigencia del Estado de Derecho, o los que es lo mismo, las garantías y salvaguardas a los derechos humanos de los ciudadanos ante los que ejercen el poder, dependen en última instancia de la existencia de organismos autónomos y profesionales que actúen como barrera ante los abusos del poder. Le exigimos cumplir el papel que es este sentido le asigna la Constitución de la República.
2.- Rechazamos las últimas acciones de evidente persecución política, que han desplegado los fiscales del Ministerio Público en complicidad con los Tribunales. Producto de esta última arremetida, violatoria de las más elementales garantías judiciales del debido proceso, resultaron ilegalmente perseguidos o detenidos numerosos compatriotas. En función de lo anterior:
A.- Exigimos la libertad de Richard Blanco, prefecto de Caracas y Presidente de Alianza Bravo Pueblo, a quien no sólo se le conculcó su derecho a ser juzgado en libertad, sino que no se le otorgó oportunidad de ejercer el derecho a la defensa, de aportar pruebas, de contradecir la denuncia y de ser imputado previo a la detención. Se enteró de la acción en su contra, cuando funcionarios del CICPC lo esposaron mientras trabajaba por los ciudadanos de Caracas desde su Despacho, por lo tanto, exigimos su inmediata liberación.
B.- Demandamos la excarcelación perentoria de los 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, cuyos nombres son: Carlos Lozada Villegas, Abello Álvarez, Omar Rodríguez, Gustavo Aponte, Gerardo Jesús González, Xisto Antonio Gómez, Jaer Antonio Pulido, Yumar Oscar Figueroa, Alexander Ronald, Viña Figueroa, Lixido José Solarte. Todos
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