casos, que mencionamos por ser los más recientes, exigimos que el Ministerio Público realice las correspondientes solicitudes a los Tribunales competentes, con la finalidad de que cese la detención de los más de 40 venezolanos que hoy se encuentran privados de su libertad, por disentir políticamente.
Asimismo, reclamamos que se haga lo conducente para que terminen los procesos penales que, según PROVEA, hoy pesan sobre más de 2.200 venezolanos, simplemente por manifestar su inconformidad con las políticas gubernamentales.
La situación ha llegado a los extremos de afectar a los trabajadores venezolanos quienes sufren en primera línea la represión generalizada. Hoy, en Venezuela, se persigue y criminaliza la reivindicación de los derechos laborales consagrados en la Constitución. Una gran cantidad de trabajadores enfrenta juicios en los tribunales, no por hechos que pudieran considerarse políticos, sino por reclamar la vigencia de sus derechos a una remuneración decente, a un clima de trabajo que favorezca la productividad y a la modernización y ampliación de la capacidad productiva de sus empresas, como es el caso de las luchas en Guayana.
Mientras el Ministerio Público se dedica exclusivamente a perseguir la disidencia política y la protesta de los trabajadores, los delincuentes hacen de las suyas con los bienes, la integridad física y la vida de los venezolanos. Esto ha llevado a que, según cifras oficiales, la impunidad en nuestro país alcanza la alarmante cifra de 97%.
Por último, destacamos que a pesar de las múltiples amenazas recibidas por parte de todos los funcionarios del régimen, los venezolanos que amamos la democracia, seguiremos luchando con la finalidad de que más temprano que tarde, en Venezuela se restablezca la separación de los Poderes y el Estado de Derecho, para que así, todos los ciudadanos, sin distingo de color
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